En el Perú, el trabajo sexual autónomo no está penalizado, pero la actividad se desarrolla en entornos de alto riesgo y estigma institucional no obstante la operación de burdeles sin licencia o el proxenetismo siguen siendo ilegales y penalizados, sin embargo la mayoría ejerce al margen de ese marco legal, lo cual aumenta su vulnerabilidad frente a extorsión, violencia y falta de acceso a servicios básicos.
Según datos de UNAIDS, se estima que hay unas 67,000 trabajadoras sexuales en el país. A nivel nacional, ONU Mujeres reportó que en 2024 fueron asesinadas al menos 28 trabajadoras sexuales, mientras que InSight Crime documentó al menos 39 asesinatos o desapariciones, estas cifras muestran un contexto de violencia creciente y de impunidad alarmante.
La estigmatización social también impide a muchas buscar atención médica o denunciar abusos. Según la OMS, cuando se criminaliza el trabajo sexual, aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, debido a que el uso del preservativo puede ser coaccionado o evitado por la falta de protección legal.
Para humanizar esta realidad, se presenta el testimonio de una mujer que se llama a sí misma “Miriam”. Atiende desde un departamento discreto en la ciudad de Arequipa, donde recibe citas exclusivamente bajo referencia o por mensaje previo. Su identidad permanece privada, pero su voz es firme, con la claridad de quien decidió contar su historia.
Miriam tiene unos 21 años, mirada directa y voz pausada. Empezó hace más de 2 años tras quedarse sin empleo formal. “Trabajo desde un departamento, porque la calle era demasiado peligrosa”, dice, las llamadas “zonas de riesgo” eran frecuentes, robos, agresiones, operativos policiales. “Aquí soy mi propia jefa, el trato y el ambiente, lo pongo yo pero aun así cada cierto tiempo tengo miedo de que me descubran o me extorsionen, pero con toda la experiencia ya he aprendido a poner mis límites.
Reconoce que el estigma pesa, que muchas de sus colegas han sufrido violencia. “No quiero que cuenten mi vida, solo sepan que somos personas fuertes, que merecemos respeto”. Prefiere el anonimato para cuidar su intimidad y la de su familia. La elección de que atienda en un departamento privado, en lugar de la calle, demuestra un enfoque de seguridad y autocuidado: estrategia que muchas adoptan para minimizar riesgos.
Violencia, extorsión y protección insuficiente
Organizaciones como Miluska Vida y Dignidad y Rosas Mujeres de Lucha denuncian agresiones físicas, secuestros y asesinato de trabajadoras sexuales. Entre 2018 y 2024 se registraron decenas de casos violentos, muchos sin respuesta estatal efectiva. También señalan que las trabajadoras son víctimas de mafias que cobran cupos y extorsiones directas.
El estigma institucional y social impide que muchas denuncien o accedan a servicios. La Ombudsman ha alertado que la criminalización de actos como el proxenetismo y la informalidad laboral profundiza el silencio y la inseguridad.
Salud pública y uso del preservativo: desafíos emergentes
Según UNAIDS, aunque hasta el 96 % de trabajadoras sexuales femeninas reportan haber usado preservativo en su última relación laboral, la falta de acceso constante y temor a problemas legales reducen su uso efectivo. El VIH entre trabajadoras se mantiene bajo (0.6‑2 %) comparado con trans (hasta 45 %)
La falta de certificación, acceso limitado a clínicas y la informalidad dificultan campañas preventivas. Las organizaciones exigen programas de salud integrales, atención psicológica y protocolos de denuncia adaptados a su realidad.
Debates sobre regulación: lecciones internacionales
Estudios internacionales muestran que en países con regulación o despenalización, el nivel de violencia y VIH disminuye entre un 25 % y 40 %, con mejores ingresos y registro formal laboral. En Latinoamérica, legalizaciones parciales han permitido mayor supervisión sanitaria y menos explotación.
En Perú, la regulación existe, pero su aplicación es limitada. Pocas trabajan legalmente y muchas son invisibles para el sistema. Activistas promueven la despenalización del trabajo sexual consensuado entre adultos, como forma de fortalecer derechos y reducir riesgos.
Un tema urgente desde la dignidad
Este tipo de actividad vive en un terreno ambiguo: legal, pero con escasas protecciones reales. Mientras las cifras de violencia y desapariciones aumentan, y el sistema penaliza indirectamente, voces como la de Miriam muestran resiliencia, inteligencia emocional y capacidad de autogestión.
El trabajo sexual en Arequipa, como en muchas partes del Perú, sigue siendo una realidad compleja y, muchas veces, invisibilizada. Aunque no es ilegal, sigue sin estar completamente regulado ni protegido, lo que expone a muchas mujeres a riesgos constantes.
En la labor de comunicador, es importante contar estas historias sin prejuicios y con respeto, mostrando la realidad tal como es, para que más voces puedan ser escuchadas y más derechos sean reconocidos.
