El Ejecutivo no solicitó prórroga y venció el plazo para desahogar las prisiones
El plazo otorgado por el Tribunal Constitucional (TC) al Poder Ejecutivo para presentar un plan concreto de deshacinamiento en los penales del país venció esta semana. Según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), no se presentó ningún pedido de ampliación del plazo.
El TC había declarado en el 2023 que el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios del Perú representa una vulneración de derechos fundamentales. Ante ello, ordenó al Ejecutivo diseñar y aplicar una política efectiva para abordar esta crisis estructural.
Crisis penitenciaria sin soluciones concretas
Según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el hacinamiento carcelario en Perú supera el 120%. Mientras la capacidad instalada es de poco más de 40 mil internos, la población penitenciaria supera los 90 mil.
Las regiones con mayor nivel de hacinamiento son Lima, Arequipa, Piura y Cusco, donde se concentran más del 60% de los internos. El penal de Lurigancho, por ejemplo, opera por encima del doble de su capacidad.
Fallo del TC sin efecto hasta el momento
El fallo del TC instaba al Ejecutivo a adoptar medidas como indultos humanitarios, mecanismos alternativos a la prisión preventiva, ampliación de infraestructura carcelaria y priorización de procesos penales. Sin embargo, a la fecha no se han implementado políticas de impacto.
Expertos en justicia penal y derechos humanos han alertado que el incumplimiento del mandato del TC podría derivar en sanciones y nuevos litigios ante instancias internacionales.
La situación carcelaria sigue agravándose, sin una hoja de ruta clara para revertir el hacinamiento que vulnera derechos fundamentales y amenaza la salud pública dentro de los penales.
