El Perú enfrenta una compleja y turbulenta realidad política bajo la presidencia de Dina Boluarte. A casi año y medio de su mandato, la desaprobación hacia su gestión se ha consolidado de manera preocupante. Según el recién estudio de opinión publica realizado por CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública) la desaprobación de Boluarte alcanza un preocupante 88.2% a nivel nacional.
Ya entonces existían datos de sobra para saber que la inmensa mayoría de las y los peruanos no iba a aceptar un gobierno liderado por ella hasta 2026. A finales de octubre del 2022, dos encuestas distintas se realizaron a la ciudadanía por posibles salidas a la crisis política que venía atravesando el país.
En la primera, realizada por IPSOS, la opción “Que la vicepresidenta Dina Boluarte reemplace a Pedro Castillo en la presidencia y ella y el actual Congreso continúen hasta el 2026” era elegida únicamente por 10% de los encuestados. En la segunda, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), ante la pregunta “¿Qué cree que sería lo más conveniente para el país?”, solo 3% respondía “Que Pedro Castillo deje el gobierno y que Dina Boluarte asuma la presidencia”. El IEP venía haciendo esa pregunta desde febrero de 2022 y en ningún momento la opción Boluarte pasó de 4%. Es decir, si atendemos a los resultados de ambos estudios de opinión, nadie en el Perú contemplaba un Ejecutivo liderado por la entonces vicepresidenta como una solución para nuestros problemas.
Pese a ello, ya casi con la banda presidencial encima, Boluarte decidió que su mandato era ese. A partir de ahí sabemos lo que ha venido ocurriendo.
La calle ha respondido exigiendo la renuncia de la presidenta y un adelanto exprés de elecciones. Boluarte y el Congreso, con la desconexión que caracteriza a nuestros líderes políticos, no han sido capaces de atajar esas y otras demandas a tiempo, y las protestas, aisladas en un primer momento, han ido creciendo en número, intensidad y violencia.
La administración de Boluarte ha sido una montaña rusa de controversias y desafíos. Desde el comienzo, su gobierno ha estado bajo el escrutinio constante no solo de la oposición, sino también de los ciudadanos peruanos que esperaban un cambio significativo. La expectativa de una presidenta que prometía estabilidad y crecimiento se ha visto empañada por percepciones de ineficacia y problemas de integridad.
El informe de CPI resalta que solo un 8.1% de la población aprueba su gestión, una cifra que refleja el descontento generalizado. Este porcentaje es aún más bajo en regiones cruciales como la Costa Sur y el Oriente, donde la aprobación apenas supera el 3.6%. La disparidad en la percepción entre las áreas urbanas y rurales también es evidente, lo que sugiere un problema de conexión y comunicación con las necesidades y expectativas diversas de la población.
Uno de los factores más preocupantes que contribuyen a esta desaprobación es la percepción de informalidad y falta de control en áreas críticas del gobierno. Los recientes escándalos, como las acusaciones de enriquecimiento ilícito y la omisión de declarar bienes de lujo, han dañado gravemente la credibilidad de Boluarte. Estos problemas se ven exacerbados por la sensación de que su administración y el Congreso operan bajo un pacto de protección mutua, lo que mina aún más la confianza pública en las instituciones del país.
Además, el estudio refleja un descontento profundo con la remuneración y los privilegios de los congresistas, donde un abrumador 86.6% de los encuestados considera que el sueldo de 15,000 soles mensuales es “muy alto”. Esta percepción se agrava con el incremento en los gastos asignados para la semana de representación, que muchos ven como un despilfarro en medio de una crisis económica y social.
A pesar de estos desafíos, Boluarte enfrenta un dilema crucial: cómo restaurar la confianza de una población desencantada. La crisis política actual no solo pone a prueba su liderazgo, sino también la capacidad del gobierno peruano para recuperar su legitimidad ante los ojos de sus ciudadanos. La pregunta que se cierne sobre todos es qué pasos concretos tomará Boluarte para revertir esta situación y si podrá, de alguna manera, cumplir con las expectativas que alguna vez generó.
En conclusión, la gestión de Dina Boluarte hasta la fecha se caracteriza por una desaprobación que pone en entredicho su capacidad para gobernar de manera efectiva y ética. En un momento en que Perú necesita urgentemente una dirección clara y una restauración de la confianza en sus líderes, Boluarte enfrenta el desafío monumental de transformar su administración y responder a las demandas de justicia y transparencia que claman los peruanos.
