La confianza en las instituciones es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, en muchos países, la relación entre la policía y la ciudadanía se ha visto deteriorada por una serie de malas acciones y el incumplimiento de la ley por parte de algunos agentes del orden. Esta situación no solo pone en riesgo la seguridad pública, sino que también socava la confianza en la justicia y el estado de derecho.
Malas acciones y abusos de poder
Las malas acciones de algunos policías han sido objeto de creciente atención mediática y social. El reciente caso del presunto suicidio del policía Darwin Condori Antezana, acusado de asesinar y descuartizar a la joven Sheyla Cóndor Torres, ha puesto de relieve la gravedad de la situación. Este caso, lejos de cerrar un capítulo, debe ser el inicio de la adopción de medidas correctivas. Condori, que ya cargaba con una denuncia por violación sexual, continuó en actividad tras apenas seis meses de suspensión. Esto plantea preguntas alarmantes sobre cómo se gestionan y supervisan a los agentes en la Policía Nacional.
Además, la actitud de los agentes de la Comisaría de Santa Luzmila, que se negaron a recibir la denuncia de la madre de Sheyla ante la desaparición de su hija, es inaceptable. Este tipo de negligencia no solo desprotege a los ciudadanos, sino que también evidencia una cultura de desinterés y falta de profesionalismo que no debería existir en una institución destinada a la protección pública. Estos agentes no deberían formar parte de una fuerza que se supone debe asistir a los ciudadanos en peligro. La impunidad y la falta de consecuencias para estos comportamientos son un insulto a la memoria de las víctimas y a la confianza de la sociedad.
Incumplimiento de la Ley
El incumplimiento de la ley por parte de algunos policías es un tema que no puede pasarse por alto. Cuando los propios agentes del orden violan las normas que están llamados a hacer cumplir, se envía un mensaje devastador a la sociedad: las leyes no son para todos. La corrupción y el encubrimiento de delitos dentro de las fuerzas policiales alimentan un ciclo de impunidad que es difícil de romper. Condori y los malos efectivos de la Comisaría de Santa Luzmila son solo ejemplos de un problema mucho más amplio. Cada cierto tiempo, se informa sobre policías involucrados en bandas criminales, desde generales que cuidan a prófugos como Vladimir Cerrón hasta aquellos que compraron sus galones a cambio de coimas.
El problema radica en la falta de voluntad política para llevar a cabo una reforma profunda en la Policía Nacional. A pesar del grave problema de inseguridad que enfrenta el país, los sucesivos gobiernos han fallado en tomar medidas efectivas. La administración actual, encabezada por Dina Boluarte, no ha encontrado el rumbo, especialmente en el sector Interior, que está bajo la dirección de Juan José Santiváñez, quien se encuentra en el ojo del huracán por múltiples denuncias y audios que evidencian su falta de transparencia.
La necesidad de reformas
El asesinato de Sheyla Cóndor debería marcar un punto de quiebre. No podemos seguir con una Policía Nacional marcada por la presencia de delincuentes, desde criminales y violadores hasta coimeros y encubridores de prófugos. Es imperativo que se implementen reformas profundas, que incluyan la depuración de malos elementos como Condori y la sanción a los policías que actúan de manera negligente o corrupta. Tal como lo ha señalado el ministro Santiváñez al afirmar que hay más “buenos policías”, es esencial que los frutos podridos sean eliminados y que aquellos que han demostrado ser un peligro para la sociedad no sigan en sus cargos.
La confianza en la policía es esencial para la estabilidad social y el funcionamiento de la democracia. Reformar la institución policial no solo beneficiará a los ciudadanos, sino que también permitirá a aquellos policías que actúan con integridad hacer su trabajo de manera efectiva. Es hora de exigir una policía que respete la ley y a la ciudadanía, porque solo así se podrá construir una sociedad más justa y segura para todos. La memoria de Sheyla Cóndor y de tantas otras víctimas debe ser el motor que impulse el cambio necesario para erradicar la corrupción y la impunidad en nuestras fuerzas policiales.
