El Congreso de la República del Perú ha provocado una gran controversia tras la aprobación en primera instancia de una reforma al Código Penal y la Ley Contra el Crimen Organizado el pasado 30 de mayo. La legislación, que redefine la definición de organizaciones criminales y modifica los procedimientos judiciales para allanamientos, ha suscitado intensas críticas de diversos sectores, que temen un debilitamiento significativo en la lucha contra el crimen organizado en el país. Con 52 votos a favor, 13 en contra y 32 abstenciones, la aprobación inicial de esta ley refleja la profunda división en el parlamento y plantea serias dudas sobre el futuro de la seguridad y el orden en el Perú.
Jorge Chávez Cotrina: “Esta Ley Favorece al Crimen Organizado”
Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, ha sido una de las voces más críticas de esta reforma. En una entrevista, Chávez Cotrina expresó su profunda preocupación por el impacto que esta ley podría tener en la capacidad de las autoridades para combatir efectivamente a las organizaciones criminales. “Lamentablemente, no nos atendieron los congresistas. Solo mandaron a sus asesores, a los cuales les planteamos que esta modificación a la ley era gravísima porque atenta contra la lucha contra organizaciones criminales”, explicó.
Chávez Cotrina llegó al Congreso semanas antes de la aprobación de la ley, acompañado por el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú, con la esperanza de persuadir a los legisladores de reconsiderar los cambios propuestos. “Es más, yo les dije textualmente que lo mejor sería que cierren la policía y nos dejen en manos de la delincuencia, porque esta norma es en favor del crimen organizado”, añadió con ironía.
Uno de los aspectos más polémicos de la nueva legislación es la exigencia de notificar a los abogados de los investigados antes de llevar a cabo allanamientos. Para Chávez Cotrina, esta medida elimina el “factor sorpresa” esencial para el éxito de los operativos. “¿De dónde voy a sacar yo 60 abogados de la defensa pública, máximo si trabajan desde las 8 a. m. y los operativos son de amanecida? Además, se pierde el factor sorpresa (…) ¿Qué creen que van a hacer? No los vamos a encontrar”, sentenció.
Reformas y cambios propuestos
La reforma aprobada por el Congreso incluyen varias modificaciones significativas en la ley vigente. Una de las principales es la redefinición de qué constituye una organización criminal. Según la nueva definición, se considera organización criminal a cualquier grupo con una estructura compleja y capacidad operativa significativa, compuesto por tres o más personas que colaboran de manera estable y coordinada para cometer delitos que conllevan penas privativas de libertad mayores a seis años, buscando obtener beneficios económicos, directos o indirectos.
Otra modificación crucial es el procedimiento de allanamiento de inmuebles y lugares cerrados. La nueva ley establece que, fuera de los casos de flagrante delito, los allanamientos solo podrán realizarse si existen motivos razonables y suficientes pruebas que los justifiquen. Además, se requiere que los allanamientos se realicen en presencia del interesado y su abogado, o en su defecto, de un abogado de oficio o un representante designado por el Colegio de Abogados local. En ausencia de estos, el registro deberá hacerse en presencia de un familiar adulto del interesado o, en su defecto, de dos testigos vecinos del lugar.
Estas medidas, argumentan los críticos, podrían permitir que los delincuentes se preparen y eliminen pruebas antes de que las autoridades lleguen, complicando aún más las investigaciones y la recolección de evidencia. “Con esta norma, lo que pretenden es que nosotros, cuando tengamos la orden judicial de allanamiento, notifiquemos a los abogados de los delincuentes para que estén presentes en el operativo que ejecutamos”, criticó Chávez Cotrina.
Debate en el congreso y reacciones políticas
Durante el debate en el Congreso, la aprobación de esta ley no estuvo exenta de controversias. Los congresistas Ruth Luque Ibarra, de Juntos por el Perú, y Héctor Valer Pinto, de Somos Perú, se manifestaron en contra de la iniciativa, argumentando que las modificaciones podrían perjudicar gravemente las investigaciones en curso y beneficiar a redes criminales activas en el país. Luque señaló que la ley “debilita la lucha contra el crimen organizado” y podría favorecer a organizaciones como el Tren de Aragua, limitando las acciones del Ministerio Público y el Poder Judicial en la persecución de estas mafias.
La bancada de Luque emitió un pronunciamiento denunciando que el dictamen “beneficia a organizaciones criminales” y reduce la efectividad de las investigaciones judiciales. Durante el debate, el legislador Américo Gonza, de Perú Libre y presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presentó el nuevo texto sustitutorio, consensuado con diversas bancadas, buscando una forma de mitigar las preocupaciones planteadas. No obstante, la aprobación inicial se logró con una mayoría relativa, reflejando el alto número de abstenciones que superaron a los votos a favor y en contra.
Contexto político y opinión pública
Este debate legislativo se desarrolla en un contexto de gran desconfianza hacia el Congreso. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Congreso cuenta con una desaprobación del 91%, mientras que el gobierno de Dina Boluarte tiene solo un 5% de respaldo. Estas cifras reflejan la profunda insatisfacción del público con las instituciones políticas del país y subrayan las divisiones dentro del Parlamento sobre cómo abordar la creciente amenaza del crimen organizado.
La ley, que ahora espera una segunda votación, plantea un desafío significativo para los legisladores que buscan equilibrar la protección de los derechos individuales con la necesidad de mantener una lucha efectiva contra el crimen organizado. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, bajo la dirección del congresista Gonza, ha trabajado en un texto sustitutorio en un esfuerzo por encontrar un consenso. Sin embargo, el futuro de esta legislación sigue siendo incierto y su impacto potencial en la seguridad y el orden público en el Perú continuará siendo objeto de intenso debate.
El impacto y los próximos pasos
A medida que el Congreso se prepara para la segunda votación, las voces críticas, como la de Jorge Chávez Cotrina, y los temores sobre el debilitamiento de la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado, continúan resonando. La aprobación final de esta ley será un indicador crucial de cómo el Perú manejará los desafíos de la lucha contra el crimen en los próximos años.
La necesidad de proteger la integridad de las investigaciones y asegurar que las fuerzas del orden puedan actuar de manera efectiva sin comprometer los derechos de los ciudadanos es una preocupación que seguirá dominando el discurso. La respuesta del Congreso a estas críticas y su capacidad para encontrar un equilibrio adecuado entre estos principios fundamentales será fundamental para determinar el futuro de la seguridad y la justicia en el país.
