Fallo internacional obliga al Estado peruano a pagar millonaria indemnización
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial, resolvió que el Perú deberá pagar una indemnización de US$302 millones a la empresa española Enagás, como consecuencia de la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
La resolución del CIADI, emitida a favor de Enagás, incrementa significativamente el monto que inicialmente el Estado peruano estaba dispuesto a reconocer, estimado en US$66 millones. Este nuevo fallo eleva a más de US$500 millones el total de compensaciones que el país ha debido desembolsar a empresas internacionales en lo que va de la década.
Gasoducto Sur: un proyecto clave que terminó en controversia
El Gasoducto Sur fue un megaproyecto energético de más de US$7,000 millones destinado a abastecer de gas natural al sur del país. El contrato, sin embargo, fue rescindido por el gobierno peruano en enero de 2017 tras el escándalo de corrupción de Odebrecht, empresa que lideraba el consorcio junto a Enagás.
Enagás interpuso una demanda ante el CIADI alegando perjuicios por la cancelación del contrato y la imposibilidad de recuperar su inversión. El tribunal le dio la razón, amparándose en los acuerdos internacionales de protección de inversiones firmados por el Perú.
Implicancias del fallo para futuras inversiones
La decisión refuerza el marco legal que protege a los inversionistas extranjeros en el país, pero también pone en evidencia los riesgos financieros que enfrenta el Estado cuando incumple contratos internacionales. Especialistas advierten que este tipo de fallos podrían restar margen fiscal y afectar proyectos de inversión pública.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aún no ha emitido una declaración oficial sobre cómo se financiará el pago. En tanto, el fallo representa una nueva alerta sobre la necesidad de mejorar la gestión de grandes obras de infraestructura en el país.
Con información del Diario La República
