El reciente paso del Congreso peruano para aprobar en primera instancia una reforma al Código Penal y la Ley Contra el Crimen Organizado plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la lucha contra el crimen en el país. Esta legislación, en lugar de fortalecer la capacidad del Estado para enfrentarse a las redes criminales, parece diseñada para hacer exactamente lo contrario. Al exigir que los allanamientos se realicen con notificación previa y en presencia de los abogados de los investigados, se debilita drásticamente la efectividad de las operaciones policiales, entregando un “aviso” a los delincuentes y permitiéndoles prepararse y potencialmente destruir evidencia crucial.
Una Reforma que Debilita la Efectividad Operativa
Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, ha sido vehemente en su crítica a esta legislación, describiéndola como una norma que “favorece al crimen organizado”. Y no es difícil entender por qué. En la lucha contra el crimen, el factor sorpresa es vital. La capacidad de las autoridades para actuar rápidamente y sin previo aviso es una de las pocas ventajas que tienen sobre organizaciones criminales bien estructuradas y financiadas. La exigencia de que los allanamientos se realicen en presencia de los abogados de los sospechosos elimina este elemento sorpresa, permitiendo a los delincuentes tiempo para esconder o destruir pruebas, alertar a cómplices y planear contramedidas.
Esta reforma también subraya un malentendido fundamental sobre cómo operan las fuerzas del orden. Chávez Cotrina plantea una cuestión crucial: “¿De dónde voy a sacar yo 60 abogados de la defensa pública, máxime si trabajan desde las 8 a. m. y los operativos son de amanecida?” Las operaciones contra el crimen organizado a menudo se realizan en horarios no convencionales precisamente para aprovechar la vulnerabilidad de los delincuentes. Pretender que el sistema judicial y los recursos legales pueden adaptarse fácilmente a estas nuevas demandas es, en el mejor de los casos, ingenuo, y en el peor, una receta para el fracaso.
Una Brecha Entre la Legislación y la Realidad
Más allá de las preocupaciones operativas, esta ley refleja una desconexión preocupante entre los legisladores y la realidad en las calles. Los cambios propuestos podrían, en teoría, ser interpretados como un intento de proteger los derechos de los acusados y asegurar la justicia procesal. Sin embargo, en la práctica, estas medidas parecen estar diseñadas para obstaculizar las investigaciones y otorgar ventajas injustas a los criminales.
En un país donde el crimen organizado ya es una amenaza significativa, debilitar las herramientas disponibles para combatirlo es una movida arriesgada, por decir lo menos. La bancada de Ruth Luque, de Juntos por el Perú, ha señalado correctamente que esta ley podría “beneficiar a organizaciones criminales como el Tren de Aragua”, limitando las capacidades del Ministerio Público y el Poder Judicial para perseguir y desmantelar estas mafias. Este no es solo un problema teórico; es una realidad que puede tener consecuencias devastadoras para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
La Resistencia del Congreso y la Percepción Pública
El hecho de que esta ley haya sido aprobada en una primera votación con 52 votos a favor y 32 abstenciones, a pesar de las serias preocupaciones expresadas por expertos en justicia y seguridad, plantea preguntas inquietantes sobre las prioridades del Congreso. ¿Cómo puede un órgano legislativo justificar una ley que claramente debilita la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos de las amenazas más peligrosas?
La alta tasa de desaprobación del Congreso, actualmente en un alarmante 91% según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), es un claro indicador de la desconfianza pública en sus decisiones. En lugar de restaurar la confianza al tomar medidas decisivas contra el crimen, el Congreso parece empeñado en adoptar legislaciones que hacen precisamente lo contrario. Esta desconexión entre los legisladores y las necesidades urgentes de la nación es profundamente preocupante y sugiere una urgente necesidad de reconsideración y reforma.
La Responsabilidad del Congreso ante la Crisis del Crimen
A medida que la ley se acerca a su segunda votación, es imperativo que los congresistas reconsideren las implicaciones de su apoyo. La lucha contra el crimen organizado es una de las mayores batallas que enfrenta el Perú, y las decisiones legislativas deben reforzar, no socavar, la capacidad del Estado para enfrentar esta amenaza. Esta ley, tal como está redactada, no cumple con ese objetivo y debe ser reevaluada a fondo.
El Congreso tiene una responsabilidad fundamental con el pueblo peruano: proteger su seguridad y su bienestar. Al avanzar con esta ley en su forma actual, se corre el riesgo de abandonar esa responsabilidad en favor de medidas que, intencionadas o no, facilitan el camino para que el crimen organizado florezca. Es hora de que nuestros legisladores escuchen las voces de los expertos, de los fiscales, y, sobre todo, de los ciudadanos a quienes están destinados a servir. La seguridad y el orden no pueden ser sacrificados en el altar de la burocracia mal diseñada y la legislación mal concebida.
